ELSEXENIO REVOLUCIONARIO

La Revolución de 1868 significó el triunfo pleno del liberalismo radical y progresista y la puesta en práctica de todas las libertades que defendía : libertad de pensamiento, de prensa, de culto, sufragio universal, igualdad ante la ley. Con ella se inaugura un periodo activamente democrático, el «sexenio revolucionario», que abriría el camino a la efímera Primera República española, que no llegó al año de vida.

El sexenio vivió tres etapas claramente diferenciadas: el gobierno provisional, el reinado de Amadeo I de Saboya y la República. Y tres fueron también las fuerzas políticas que lo hicieron posible: la Unión Liberal, capitaneada, tras la muerte de O'Donnell, por Francisco Serrano; el Partido Progresista, dirigido por Prim, el gran protagonista de la «Gloriosa»; y los demócratas republicanos de Pi i Margall, defensores de un proyecto federalista.

1.           El gobierno provisional (1868-1871)

Tras disolver las Juntas revolucionarias que se habían creado en todo el país para mantener la pureza revolucionaria y los principios que habían alentado la revolución de 1868, Prim decretó elecciones para la formación de las Cortes Constituyentes. Las elecciones dieron la victoria a los partidos monárquicos, sobre todo a los progresistas. Las Cortes elaboraron la Constitución que fue promulgada el 7 de junio de 1869. Se trataba de una constitución monárquica y democrática: aprobaba los principios de la soberanía nacional, sufragio universal, libertad de cultos, garantía de los derechos fundamentales de expresión, reunión, asociación, etcétera.

Serrano fue nombrado regente y Prim jefe de gobierno. A Prim se le encomendó la difícil tarea de buscar un rey para España, ya que la Constitución había optado por la monarquía e Isabel no podía volver a reinar. Se barajaron muchos nombres y Prim llevó a cabo numerosos contactos: Antonio de Orleans, cuñado de Isabel, a cuya designación se oponía Napoleón III; el príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, emparentado con Guillermo I rey de Prusia, a cuya candidatura se opuso violentamente Napoleón III y cuya designación produjo de forma indirecta, la guerra franco-prusiana y la caída de Napoleón y del Segundo Imperio francés; Fernando de Coburgo, rey de Portugal; incluso al general Espartero se le ofreció el trono, al que rehusó dada su avanzada edad y su alejamiento de la vida política.

Al final Prim volvió a insistir ante Amadeo de Saboya, hijo del rey italiano Víctor Manuel II de Saboya, que ya había rechazado el ofrecimiento en una ocasión anterior. Amadeo aceptó esta vez y las Cortes dieron su aprobación por 191 votos sobre un total de 344, en la sesión del 16 de noviembre de 1870. Once días más tarde Prim fue asesinado en Madrid y el futuro rey Amadeo I se quedó sin su mejor defensor.

2.   El reinado de Amadeo I (1871-1873)

Amadeo I inauguró su reinado dispuesto a ejercer como rey constitucional, a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero pronto se encontró con muchas más dificultades de las que había previsto: la oposición de numerosos sectores políticos, el desprecio de parte de la nobleza, que seguía defendiendo los intereses de Isabel II en la persona de su hijo Alfonso, y la hostilidad del pueblo, que rechazaba a un rey extranjero. A todo esto vino a sumarse una serie de hechos de gran trascendencia política: el resurgir de las guerras carlistas en Cataluña, País Vasco y Valencia; la insurrección de Cuba, que había comenzado en octubre de 1868 con el «Grito de Yara», origen de una larga guerra; la generalización de los movimientos obreros de protesta (en 1870 se había celebrado en Barcelona el I Congreso de la Sección Internacional Obrera Española, ligada a la Internacional marxista). En julio de 1872, Amadeo I y su esposa sufrieron un atentado del que salieron ilesos. Incluso los partidos que apoyaban al rey, el constitucional de Práxedes Mateo Sagasta y el radical de Ruiz Zorrilla mostraban importantes diferencias. Ante tantas dificultades, Amadeo decidió abdicar y devolver al pueblo español la corona que le había ofrecido. El 11 de febrero de 1873 los reyes volvían a Italia; el mismo día la Asamblea Nacional proclamó la Primera República.

En octubre de 1868, a los pocos días de producirse en España la Revolución de septiembre, se produjo la insurrección de Cuba, que empezó con el Grito de Yara, manifiesto insurreccional elaborado por el general Carlos Manuel Céspedes y que terminaba con el famoso «¡Viva Cuba libre!».

Tras el grito de Yara se produjo una larga guerra de diez años, que terminó con la victoria española y la firma de la Paz de Zanjón (1878). El problema cubano se mantuvo hasta 1898, año en que alcanzó su independencia, apoyada por los Estados Unidos, que tenían intereses en la zona.

«Al levantarnos armados contra la opresión del tiránico Gobierno español, siguiendo la costumbre establecida en todos los países civilizados, manifestamos al mundo las causas que nos han obligado a dar este paso, que, en demanda de mayores bienes, siempre produce trastornos inevitables, y los principios que queremos cimentar sobre las ruinas de lo presente para felicidad del porvenir.

Nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado; no sólo no le deja seguridad en sus propiedades, abrogándose la facultad de imponer tributos y contribuciones a su antojo, sino que, teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados de su suelo a remotos climas o ejecutados sin forma de proceso por comisiones militares establecidas en plena paz, con mengua del poder civil. La tiene privada del derecho de reunión, como no sea bajo la presencia de un jefe militar; no puede pedir el remedio a sus males, sin que se le trate como rebelde, y no se le concede otro recurso que callar y obedecer.

La plaga infinita de empleados hambrientos que desde España nos inunda nos devora el producto de nuestros bienes y de nuestro trabajo; al amparo de la despótica autoridad que el Gobierno español pone en sus manos y priva a nuestros mejores compatriotas de los empleos públicos, que requiere un buen gobierno, el arte de conocer cómo se dirigen los destinos de una nación; porque auxiliada del sistema restrictivo de enseñanza que adopta, desea España que seamos tan ignorantes que no conozcamos nuestros más sagrados derechos, y que si los conocemos no podamos reclamar su observancia en ningún terreno.

Amada y considerada esta isla por todas las naciones que la rodean, que ninguna es enemiga suya, no necesita de un ejército ni de una marina permanentes, que agotan con sus enormes gastos las fuentes de la riqueza pública y privada y, sin embargo, España nos impone en nuestro territorio una fuerza armada que no lleva otro objeto que hacernos doblar el cuello al yugo férreo que nos degrada.»

3.   La Primera República española (1873-1874)

Tras la abdicación de Amadeo I de Saboya, las Cortes proclamaron la República por 258 votos a favor y 33 en contra, el 11 de febrero de 1873. Durante los 11 meses que se mantuvo, el régimen republicano encontró serias dificultades, originadas en gran parte por la falta de acuerdo entre los mismos partidos que la habían votado, la intransigencia del republicanismo federal más extremista, las maniobras de los conservadores y dos graves problemas heredados de la etapa anterior: la guerra independentista de Cuba y la guerra carlista en el norte de la península. Ello explica que en sólo once meses se sucedieron cuatro presidentes y numerosos gobiernos.

El primer presidente de la República fue Estanislao Figueras (1819-1882), que presidió dos gobiernos. Bajo su mandato, el 23 de abril, se produjo un intento de golpe de Estado protagonizado por los radicales de Cristino Martos; tras su fracaso los radicales adoptaron la táctica del «retraimiento» con el fin de desgastar a los federales. Las elecciones del 10 de mayo de ese mismo año despertaron muy poco interés entre radicales y conservadores y los republicanos federales obtuvieron una gran victoria. A pesar de las presiones sociales, el gobierno de Figueras se negó a llevar a cabo ninguna reforma, alegando que sólo las nuevas cortes podían hacerlas; la respuesta fue una serie de movimientos: levantamiento de los trabajadores andaluces contra los propietarios, organización de bandas armadas por parte de los comerciantes de Madrid para defender sus intereses, intento de proclamar el Estado Catalán, etcétera. El fracaso de la gestión de Figueras motivó su destitución.

 

El 1 de junio de 1873 se hizo cargo de la presidencia Francisco Pi i Margall (1842-1901), firme defensor del proceso revolucionario. El nuevo gobierno se propuso como objetivo terminar con la guerra carlista, lo que exigía la reorganización del indisciplinado ejército, aplicar una serie de reformas sociales en el campo, en la hacienda, en la administración de justicia y redactar una nueva constitución (la nunca aprobada Constitución de 1873). Pero Pi i Margall tuvo que abandonar la presidencia mucho antes de haber logrado esos objetivos, salvo la redacción del proyecto constitucional. El tono federalista extremado (cantonalista) de tal proyecto, unido a la manifestación de movimientos cantonalistas en Andalucía y Levante (revueltas de Málaga, Alcoy, Sevilla y proclamación el 12 de julio de cantón de Cartagena), obligaron a dimitir a Pi i Margall a los dos meses de haber accedido a la presidencia.

A partir de ese momento la República dio un giro a la derecha. El 17 de julio Nicolás Salmerón (1838-1908) formó un gobierno de tendencia conservadora, que sirvió para reforzar y extender los movimientos cantonalistas y obreros. Para resolver la situación, Salmerón recurrió a la fuerza. Los generales Martínez Campos en Valencia y Pavía en Andalucía reprimieron el cantonalismo. Sólo Cartagena se mantuvo hasta el 12 de enero de 1874, cuando ya la República había caído. El movimiento obrero fue reprimido con igual fuerza, se cerraron los locales de la Internacional de Trabajadores y sus militantes fueron detenidos. Salmerón dimitió al negarse a aceptar la pena de muerte para los sublevados, como reclamaban los militares conservadores. El 7 de septiembre fue designado Emilio Castelar (1832-1899) para ocupar la presidencia, por 133 votos frente a los 67 que obtuvo Pi i Margall. Esta significativa votación indica claramente el matiz cada vez más derechista de los gobiernos republicanos. Para acabar con los problemas del carlismo y el cantonalismo, Castelar pidió poderes extraordinarios a las Cortes, que le fueron concedidos; las Cortes quedaron clausuradas hasta enero. Castelar aplicó una política regresiva y represiva, buscó la alianza con radicales y constitucionales, en un intento por recomponer las fuerzas republicanas frente a los federales. Pero no lo logró: las Cortes, en su sesión de reapertura del 2 de enero de 1874, le negaron su apoyo. El día 3 se produjo el golpe del general Pavía, previamente pactado entre radicales y constitucionales; las Cortes fueron desalojadas y se puso fin a la Primera República.

Golpe del estado del general. Pavía

Para preparar el tránsito a la restauración monárquica se formó un gobierno provisional, presidido por el general Serrano y apoyado por constitucionales, radicales y monárquicos alfonsinos, dirigidos estos últimos por Cánovas del Castillo. El gobierno del general Serrano tuvo que hacer frente a los dos problemas pendientes, el cantonalista y el carlista. El último reducto cantonalista, el de Cartagena, fue derrotado por el general López Domínguez. El problema carlista no se resolvería hasta el reinado de Alfonso XII.

El gobierno provisional de Serrano terminó bruscamente en el otoño de 1874, por obra del golpe militar monárquico de Martínez Campos en Sagunto. Condenado por Cánovas del Castillo, el golpe terminó definitivamente con el sexenio revolucionario y dispuso la vuelta de Alfonso XII, hijo de Isabel II, al trono.

 1997 por  Paya Frank