LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y LA LECCIÓN DE LOS CLÁSICOS

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Katariche
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TEORÍA POLÍTICA :
LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y LA LECCIÓN DE
LOS CLÁSICOS
Enviado por CIUDAD POLITICA el 25/1/2005 2:11:12 (1902 Lecturas)
Artículos del mismo redactor
Por Norberto BOBBIO
Mi razonamiento se basa en una frase que se lee al final de la carta programática con la que se ha convocado
la convención sobre “La política entre sujetos e instituciones”: “En el espacio de la política parecen anudarse,
en sustancia, todas las cuestiones planteadas (en términos incluso internacionales). Por ello resulta
inevitable preguntarse si no están cambiando sus connotaciones, sus leyes de movimiento, su forma de
producirse”. No, no estoy de acuerdo. E, incluso, me pregunto si en estos días, ante la explosión de la
violencia terrorista en el interior de nuestro estado y a la forma en que responde nuestro gobierno limitando
las libertades constitucionales, por un lado, y frente a la invasión de Afganistán por parte de la Unión
Soviética, y al modo en que responde la otra gran potencia amenazando con sanciones económicas y
medidas militares en el escenario internacional, por el otro, la política no muestra, más que nunca, su real,
inmutable y profunda naturaleza. A la pregunta de si no están cambiando las y las de la política, siento la
tentación de responder, aun cuando sólo sea como una especie de provocación: Nil sub sole novi. Y de repetir
con Maquiavelo.(1)
No he citado a Maquiavelo por casualidad. Para no engañarnos por las apariencias ni ser inducidos a creer
que cada diez años la historia empieza de nuevo, es preciso tener mucha paciencia y saber escuchar de
nuevo las lecciones de los clásicos. Una lección que Marx había aprendido y que los marxistas y
neomarxistas, que desdeñan demasiado a menudo ir más allá de Marx, han olvidado casi siempre. Entre
otras cosas creo que actualmente el marxismo está atravesando una de sus crisis recurrentes y, si no me
engaño, una de las mayores, y que el único modo serio de volver a darle a Marx el sitio que le corresponde en
la historia del pensamiento político (no me refiero a la historia del pensamiento económico y a la historia de
la filosofía que están fuera de nuestro debate pero presumo que el argumento no debería ser tan distinto) sea
el de considerarlo como uno de los clásicos cuyas lecciones deben ser continuamente escuchadas y
profundizadas, aun cuando no se esté dispuesto a creer que la verdad empieza en él y acaba con él.
Según la lección de los clásicos, que se suele hacer empezar por comodidad en Maquiavelo únicamente
porque el pensamiento de Maquiavelo acompaña la formación del estado moderno, pero que se podría hacer
empezar mucho más atrás, una lección, téngase en cuenta, que es también la de Marx, la política es la esfera
donde se desarrollan las relaciones de dominio, entendido dicho dominio en su expresión más intensa, como
el poder que puede recurrir, para alcanzar sus propios fines, en última instancia, o extrema ratio, a la fuerza
física. Dicho de otra forma, el uso de la fuerza física, aún en última instancia, aún como extrema ratio, es
carácter específico del poder político. El estado puede ser definido como el detentador del poder político y,
por tanto, como medio y fin de la acción política de los individuos y de los grupos en conflicto entre sí, en
cuanto es el conjunto de las instituciones que en un determinado territorio disponen, y están capacitadas
para valerse de ella en el momento oportuno, de la fuerza física para resolver el conflicto entre los individuos
y entre los grupos. Y puede disponer, y está capacitado para utilizar, de la fuerza física por cuanto tiene el
monopolio de la misma. El abc de la teoría del estado, prescindiendo del cual no se logrará nunca
comprender porque existe el estado, y al no comprenderlo se fantasea acerca de una posible extinción del
mismo, es la hipótesis hobbesiana, que brevemente puede enunciarse así: la necesidad del estado nace de la
convicción racional de los individuos según la cual el uso indiscriminado de las fuerzas privadas en libre
competencia entre sí genera un estado autodestructivo de guerra de todos contra todos, y de la consiguiente
renuncia por parte de cada uno al uso privado de la fuerza en favor del soberano que, a partir del momento
en que se produce dicha renuncia, se convierte en el único titular del derecho a disponer de ella. La
expresión , que se deriva de una evidente y correcta analogía entre la eliminación del libre mercado y la
eliminación de la libre guerra, no es de Hobbes, sino de Max Weber, quien al adoptarla no se olvidó que
antes que nada era un economista. Pero sirve perfectamente para representar la hipótesis hobbesiana del
estado que nace de la necesidad en la que se encuentran los individuos racionales de sustituir la pluralidad
de los poderes de los individuos singulares por la unidad del (esta expresión sí que es de Hobbes).(2)
No es distinto el concepto que Marx tiene del estado, con la diferencia de que él explica de una forma mucho
más realista el nacimiento del estado no partiendo de una hipotética guerra de todos contra todos, que tuvo
lugar en un estado de naturaleza construido racionalmente, sino de una histórica lucha de clases derivada, a
su vez, de la división del trabajo, con la consecuencia de que esa que es, según Marx, el estado, es
2
considerada no ya como el , sino como el poder de la clase dominante y, por tanto, el poder de una parte de
la sociedad sobre la otra.
No valdría la pena insistir sobre la validez nunca venida a menos de la hipótesis hobbesiana si no fuera por
la injustificada fortuna que ha tenido una interpretación del pensamiento de Hobbes, según la cual el estado
de naturaleza, que Hobbes define repetidamente como de , ha sido entendido no como una representación
llevada hasta sus últimas consecuencias de la guerra civil, o también del estado de guerra permanente tal
vez más frecuentemente en estado latente entre los estados soberanos, sino como una prefiguración de la
sociedad de mercado. (3)De una interpretación de este tipo se puede decir que, en vez de intentar
comprender el pensamiento político de Marx a través del de Hobbes, ha intentado comprender el
pensamiento político de Hobbes a través del de Marx, con el resultado de falsear el primero y hacer menos
comprensible el segundo. Cualquier lector atento de las obras de Hobbes sabe cuantos y de que peso son los
párrafos en los que éste identifica al estado de naturaleza con el estado de guerra y, en particular, con el
estado de guerra civil, y por lo tanto con el antiestado, y que pocos e insignificantes son los párrafos que se
pueden aducir estrujando y comprimiendo los textos para encontrar en la descripción del estado de
naturaleza la prefiguración de la sociedad de mercado. Pero prescindiendo incluso del examen de los textos,
la sociedad de mercado es, en la interpretación histórica corriente, exactamente lo opuesto al estado de
naturaleza hobbesiano: mientras que éste es la esfera en la que se desencadenan las pasiones humanas,
como la avidez por la ganancia, la desconfianza recíproca y la vanagloria, aquélla es concebida desde los
inicios de la ciencia económica como el campo en el que hacen su aparición y son puestos a prueba los
intereses bien calculados y el que el hombre ejercita ese cálculo de los intereses que según la definición
hobbesiana de la razón como cálculo, es la más elemental expresión de la racionalidad humana. Y dado que
es un cálculo racional lo que induce al hombre a salir del estado de naturaleza y a instituir la sociedad civil,
ésta se contrapone cabalmente como estado del hombre de razón con el estado de naturaleza entendido
como estado del hombre de pasión. En otras palabras, mientras el estado de naturaleza hobbesiano es el
estado en que los hombres seguirían viviendo si no fueran también seres racionales, o sea, capaces de hacer
el cálculo de sus propios intereses, la sociedad de mercado es una de las más singulares expresiones, como
el lenguaje, de la racionalidad espontánea, por cuanto consiste en una red de relaciones cuya armonía no
depende de una imposición, como lo es precisamente la que es ejercida por el estado para dominar las
pasiones, sino que se deriva de una composición natural, o sea, inherente a la propia naturaleza de los
intereses en juego (la denominada ). Como tal, el mercado no debe evitarse o suprimirse sino que debe
redescubrirse y liberarse de todos los obstáculos que le impiden su libre movimiento, provenientes
precisamente de ese poder político que, según Hobbes, representa en cambio el triunfo de la razón sobre la
no razón, de la racionalidad impuesta (porque, para Hobbes, la racionalidad sólo puede ser impuesta como la
libertad para Rousseau) sobre la espontaneidad que es por sí misma irracional y acaba por conducir al
hombre naturaliter pasional a su propia perdición. Que los primeros críticos de la economía burguesa, entre
los que estaba el propio Marx, hayan visto en la sociedad de mercado, además del producto de una
racionalidad espontánea, la fuente de una permanente anarquía, de una hobbesiana guerra de todos contra
todos, no es una buena razón para retrotraer una crítica de este tipo a Hobbes, para el cual la disolución del
estado que traslada a los hombres al estado de naturaleza no depende tanto de causas económicas sino de la
difusión a través de los demagogos y los falsos profetas de teorías sediciosas. Si es cierto que Marx ha puesto
al hombre de pie con respecto a Hegel, con mayor razón eso es cierto con respecto a Hobbes.
Una vez admitido, por tanto, que existe un estado cuando sobre un determinado territorio se ha llevado a
cabo el proceso de monopolización de la fuerza física, de ello se sigue que el estado, o la , como se dice ahora,
deja de existir cuando, en determinadas situaciones de acentuada y e irreducible conflictualidad, el
monopolio de la fuerza física va a menos o incluso, como sucede en las relaciones internacionales, no ha
existido nunca. Una prueba de ello es que el estado puede consentir a la desmonopolización del poder
económico, como sucedió en el período áureo de la formación (y aún más de la ideología) del estado burgués,
concebido como puro instrumento de regulación de los conflictos económicos que surgen en la sociedad civil,
del estado no intervencionista, o neutral. Puede consentir a la desmonopolización del poder ideológico, como
sucede siempre en los estados no confesionales (en el más amplio sentido de la palabra), en los que no existe
una religión o, lo que es lo mismo, una doctrina o una ideología oficial, y son reconocidos los derechos de
libertad religiosa y opinión pública. Pero no puede consentir a la desmonopolización del uso de la fuerza
física sin dejar de ser un estado. Que Hobbes considerase necesario, además del monopolio de la fuerza
física, también el monopolio del poder ideológico (pero no del poder económico), no impide que la conditio
sine qua non de la existencia del estado fuera para él no el segundo sino el primero, hasta tal extremo que él
combate como , que deben prohibirse, todas esas teorías que, de una u otra forma, discuten la necesidad del
estado precisamente como único detentador del poder coactivo.
Que exista un estado cuando en un determinado territorio existe un centro de poder que detenta el
monopolio de la fuerza no significa que este inmenso y exclusivo poder constituido por la posesión del
monopolio de la fuerza sea ejercido en todos los estados de la misma forma. El estado que ejercita el poder
coactivo , como habría dicho Montesquieu, es el estado despótico, el estado en su esencia, o, si se quiere, el
estado en el momento de su origen ideal del desorden, del caos, de la anarquía del estado de naturaleza. Pero
el estado despótico no se identifica con el estado tout court. En los grandes estados de occidente la historia
ideal del estado puede ser representada como recorriendo otras dos etapas: la del estado de derecho y la del
estado que, además de ser de derecho, es también democrático.
3
El estado de derecho, entendido el derecho kelsenianamente como el conjunto de las normas que reglan el
uso de la fuerza, puede ser definido como el estado en el que el poder coactivo no es ejercido por el soberano
a su arbitrio sino que existen unas normas generales y abstractas, y por tanto no válidas caso por caso, que
establecen quién está autorizado a ejercer la fuerza, cuándo, o sea, en qué circunstancias, cómo, o sea, a
través de qué procedimientos (lo cual significa que, excepto en caso de fuerza mayor el poder ejecutivo puede
usar la fuerza de que dispone sólo después de un proceso regular), y en qué medida, lo que tiene como
consecuencia que deba haber una determinada proporción, establecida de una vez por todas, entre culpa y
castigo. A diferencia de lo que ocurre en el estado despótico, en el estado de derecho es posible distinguir no
sólo la fuerza legítima de la ilegítima (considerando legítima cualquier acción que provenga del soberano, o
sea del que posee el poder efectivo), sino también la fuerza legal de la ilegal, o sea, la fuerza basándose en
leyes preestablecidas y la fuerza utilizada contra las leyes. La lucha por la instauración y el progresivo
perfeccionamiento del estado de derecho es la lucha para el establecimiento y la ampliación de los límites del
uso de la fuerza. Considero otras tantas batallas para el estado de derecho, entendido rigurosamente como el
estado en el que el uso de la fuerza es paulatinamente regulado y limitado, las batallas para la mejora de las
condiciones de vida en los manicomios y en las cárceles. Lo que se cuestiona en estas batallas es la
limitación del uso de la fuerza tomando como base la distinción entre uso lícito y uso ilícito, y a través de las
restricciones del uso lícito y la ampliación del ilícito. Una ley que establece que los padres no pueden pegar a
sus hijos, ni los maestros a sus alumnos, entraría perfectamente en el esbozo general del estado de derecho,
o sea, en un tipo de estado en el que cada forma de ejercicio de la fuerza física esta regulada por unas
normas que permiten distinguir el uso legal del uso ilegal.
Recurrir a la fuerza es el medio tradicional y más eficaz (tradicional precisamente por su gran eficacia) de
resolver los conflictos sociales. Y no basta regularlo para limitarlo y aun menos para eliminarlo. Uno de los
mayores problemas de cualquier convivencia civil es de crear instituciones que permitan resolver los
conflictos, si no todos los conflictos que puedan surgir en una sociedad, al menos la mayor parte, sin que sea
necesario recurrir a la fuerza, más bien a la fuerza legítima, porque es la ejercida por el soberano, y legal,
porque es ejercida en el ámbito de las leyes que la regulan. El conjunto de las instituciones que hacen
posible la solución de los conflictos sin recurrir a la fuerza constituyen, además del estado de derecho, el
estado democrático, lo que equivale a decir el estado en el que está vigente la regla fundamental de que en
cada conflicto el vencedor no es ya quien tiene más fuerza física sino más fuerza persuasiva, o sea, aquél que
con la fuerza de persuasión (o de la hábil propaganda o incluso de la fraudulenta manipulación) ha logrado
conquistar la mayoría de votos. Utilizando un lenguaje funcionalístico se puede decir que el método
democrático es el sustituto funcional del uso de la fuerza para la solución de los conflictos sociales. Un
sustituto no exclusivo, pero del que no se puede desconocer su enorme importancia para reducir el ámbito
del puro dominio: el debate en vez del enfrenta-miento físico, y después del debate el voto en vez de eliminar
físicamente al adversario. Mientras la institución del estado de derecho influye sobre el uso de la fuerza
regulándola, la institución del estado democrático influye en ella reduciendo su espacio de aplicación.
La distinción de estos tres momentos en la formación del estado moderno -el estado como pura potencia, el
estado de derecho y el estado democrático- es un esquema conceptual que vale lo que vale. Vale como todos
los esquemas para poner un poco de orden en la discusión. Y, en particular, a mí me sirve para iniciar un
debate sobre la actual crisis de las instituciones en nuestro país. Invirtiendo el orden de los tres momentos,
la gravedad de la crisis institucional de nuestro país consiste en el hecho de que, ante todo, está en crisis el
estado democrático (sobre el cual deseo detenerme de modo particular en la segunda parte de mi exposición);
y está en crisis el estado de derecho en el sentido de que están yendo a menos algunas garantías acerca del
uso de la fuerza legítima; está en crisis el propio estado como tal, en cuanto pura potencia, como se hace
cada día más evidente al ver extenderse la violencia privada y la increíble capacidad que la misma tiene para
resistir eficazmente a la ofensiva de la violencia pública. Se trata de tres crisis distintas, que se sitúan a tres
distintos niveles de la formación del estado moderno, pero que están estrechamente relacionadas. La
ineficiencia de nuestra democracia induce a grupos revolucionarios y subversivos a intentar resolver con la
fuerza los problemas que el método democrático mal usado no logra resolver, lo cual pone en entredicho al
propio estado como el único detentador de la fuerza legítima; la tendencia resolver los conflictos con la fuerza
conduce a la gradual suspensión de algunas normas características del estado de derecho; el deterioro del
estado de derecho agrava la crisis de la democracia dando lugar a un auténtico y real círculo vicioso.
2. Me detengo de forma particular en la crisis de la democracia tanto porque es el objeto principal del debate
no sólo en Italia, como también, al menos en el caso de nuestro país, es la crisis principal que arrastra
detrás de sí a las otras dos. Continúo por tanto completo ese párrafo de un escrito anterior en el que había
presentado cuatro paradojas de la democracia derivadas: a) del contraste entre democracia, considerada
tradicionalmente como el régimen adecuado para las pequeñas comunidades, y las grandes organizaciones;
b) del contraste entre la eficacia del control democrático y el aumento desproporcionado, precisamente como
consecuencia del desarrollo democrático, del aparato burocrático del estado; c) del contraste entre la
incompetencia del ciudadano situado frente a problemas cada vez más complejos y la exigencia de soluciones
técnicas accesibles sólo a los especialistas; d) del contraste, finalmente, entre el presupuesto ético de la
democracia, la autonomía del individuo, y la sociedad de masas, caracterizada por el individuo
heterodirigido.(4) Para definir con una expresión el nuevo tema se trata no tanto de la contradicción en la
que cae todo régimen democrático sino de sus efectos perversos: perversos en el sentido de que en el propio
seno de las democracias se desarrollan situaciones que la contradicen y amenazan con derrocarla.
4
Tomo en consideración tres problemas: a) la ingobernabilidad; b) la privatización de lo público; c) el poder
invisible.
Sobre el primer problema, el de la ingobernabilidad, pasaré rápidamente, porque ya existe, aunque no en
Italia, una amplia literatura al respecto. Naturalmente aquí no se trata de la ingobernabilidad a la italiana, o
sea, en el sentido de las crecientes dificultades para formar coaliciones estables de gobierno, como lo han
demostrado los tres fines prematuros que ya han tenido lugar y el cuarto que va a producirse,(5) de las
legislaturas. Se trata de la ingobernabilidad entendida como consecuencia de la desproporción entre
demandas que provienen cada vez en mayor número de la sociedad civil y la capacidad que tiene el sistema
político para responder a las mismas. Nos vemos obligados a constatar cada día más que la máquina estatal,
incluso la más perfecta, se ha hecho demasiado débil y demasiado lenta para satisfacer todas las demandas
que los ciudadanos y los grupos le formulan. Este inconveniente está estrechamente relacionado con la
democracia, de la que puede considerarse un efecto perverso, porque el régimen democrático es
precisamente aquél que más que cualquier otro facilita, y en cierto modo requiere, la presentación de
demandas por parte de los ciudadanos y los grupos. No se puede comparar la cantidad de demandas que
podía formular al estado un campesino analfabeto del siglo pasado, que ni siquiera podía votar, cuando aún
no existían los sindicatos y sólo había los partidos de elites, con las que puede formular un obrero sindicado
y políticamente militante en la actualidad. Ese campesino emigraba o se moría de hambre. El obrero
sindicado y militante de hoy lucha diariamente para mejorar sus propias condiciones de vida, y el gobierno,
si quiere sobrevivir, no lo puede ignorar. Las instituciones que permiten la presentación de las demandas
son las instituciones típicas del estado democrático, empezando por el sufragio universal, para pasar a
través de la libre formación de los sindicatos y de los partidos, las varias libertades entre las que son
fundamentales la libertad de publicación, reunión y asociación. No debe maravillarnos que una de las más
clamorosas consecuencias de la emancipación política haya sido la potencialización de los servicios públicos
y, por tanto, del aparato estatal, hasta el límite de la , de cuya constatación ha surgido en estos años, y se ha
extendido rápidamente, el debate sobre la ingobernabilidad.
Planteado el problema de la ingobernabilidad como problema de diferencia entre demanda y respuesta, se
comprende que las soluciones extremas posibles son sustancialmente dos: o la disminución forzada de las
demandas, que es la solución autoritaria; o bien el reforzamiento y la mejora del estado de los servicios, que
es la solución social-democrática. Y no es ninguna casualidad que allí donde la solución social-democrática,
en palabras pobres, el estado asistencial, marca el paso, hace su aparición la solución autoritaria. Respecto
al problema de la ingobernabilidad, un régimen autoritario puede ser reinterpretado como el régimen que
resuelve el problema no aumentando la capacidad del estado para proveer a las crecientes expectativas, sino
comprimiendo la capacidad de los ciudadanos y de los grupos para proponer nuevas demandas mediante la
supresión de todas aquellas instituciones, desde el sufragio universal a las libertades de publicación o de
asociación, que caracterizan la ciudadanía activa. De igual forma, un estado socialdemocrático puede ser
reinterpretado como el estado que intenta resolver el problema de las crecientes expectativas no bloqueando
las demandas sino aceptando el desafío planteado por el desarrollo de la democracia a través de la cada vez
más eficiente organización del estado llamado social o de servicios. Que este estado, llamado
despreciativamente, y erróneamente, esté en crisis, no quiere decir que para resolver el problema de la
gobernabilidad no haya otra alternativa que la de la destrucción de la democracia o el retorno al estado
mínimo de la tradición liberal, tal como auspician los neoliberales.
Desde el punto de vista de la el problema de la ingobernabilidad presenta alguna interesante base de
reflexión. Uno de los temas recurrentes de la historia política ha sido siempre el del abuso del poder. La
distinción capital entre un buen gobierno y un mal gobierno se establece tomando como base el criterio del
buen o mal uso del poder, donde por mal uso se entiende un poder ejercido más allá de los límites fijados por
las leyes, y, por lo tanto exorbitante. El problema de la ingobernabilidad plantea el problema contrario, no
del exceso sino del defecto de poder, no del poder exorbitante sino del poder deficiente, inepto, incapaz, no
tanto del mal uso del poder sino del no uso. Uno de los escasos autores que ha tratado con su habitual
agudeza (también Hobbes merece el título de acutissimus que Spinoza le había atribuido a Maquiavelo) ha
sido el autor del Leviatán, para el cual es irrelevante el problema clásico del exceso de poder que permitía
distinguir al buen soberano del mal soberano (¿cómo podría excederse en el ejercicio de su poder el
soberano, cuyo poder, por definición, es ilimitado?), mientras que no es irrelevante el problema del soberano
que no logra, bien por debilidad, o bien por otros motivos de incapacidad, ejercer el poder que el pueblo, al
someterse, le ha atribuido. Es tan poco irrelevante que la razón principal por la que los súbditos pueden
considerarse libres de la obligada obediencia al soberano es, según Hobbes, su ineptitud para el mando y,
por con-siguiente, la incapacidad para cumplir con el deber fundamental que es el de protegerlos de los
daños que cualquiera puede hacer al otro y de aquellos que puedan provenir de otros estados. Hobbes se
limita a hablar de protección porque en su concepción el principal fin del estado es el orden interno y
externo. Actualmente el ciudadano no le pide al estado sólo la protección sino otras cosas. No obstante el
problema no cambia. E, incluso, se ha agravado. El estado está en crisis cuando no tiene el poder suficiente
para cumplir con sus deberes. El problema de la ingobernabilidad es la versión contemporánea del problema
del estado que peca no por exceso sino por defecto de poder (se entiende del poder dedicado a la solución de
los problemas de interés colectivo, a la búsqueda del ).
Si se observa lo que ha ocurrido en Italia en el curso de estos treinta años nos encontramos frente a un
clamoroso ejemplo de diferencia creciente entre la demanda social y la respuesta política. Piénsese
5
únicamente en todas las reformas propuestas, continuamente aplazadas o abandonadas, en las montañas de
palabras que provocan hechos tan grandes como un ratón, al retraso con que los órganos decisorios del
estado responden a las demandas que en una sociedad compleja y articulada tienen prisa por ser
satisfechas, y al retraso aún mayor con el que los órganos ejecutivos ponen en práctica las decisiones
adoptadas con muchas dificultades. Son cosas demasiado sabidas como para que sea necesario llamar la
atención del público sobre ellas, pero que representan la prueba evidente de una democracia mal gobernada.
Por entiendo el proceso inverso al que se ha denominado y que ha sido hasta ahora considerado por los
escritores políticos y los juristas como el proceso natural del desarrollo del estado moderno, que debe
reconocerse en la gradual absorción de la sociedad civil en el estado. Y lo que está ocurriendo ante nuestros
ojos puede ser interpretado como la derrota de la idea del estado como punto de convergencia y de solución
de los conflictos sociales, como síntesis, como un punto por encima de las partes, en resumen, de la
concepción sistemática del estado, tan querida por los politólogos contemporáneos, como el sistema de los
sistemas. Si se identifica en la ley la manifestación más alta de la voluntad colectiva, y la prueba crucial de
la existencia de una esfera pública superior a la esfera privada, una serie de fenómenos a los que asistimos
en la sociedad contemporánea pueden ser definidos como un desquite del contrato, o sea, de la típica
manifestación jurídica de la esfera privada. Más que como una manifestación de la voluntad colectiva el
estado contemporáneo se presenta, para utilizar la feliz expresión de Carlo Cattaneo, que no se ha dejado
encantar por las definiciones metafísicas de este ente supremo que se yergue imperioso sobre la voluntad de
cada uno, como una entre diversos intereses. El instrumento típico de esta inmensa transacción es bastante
más el acuerdo informal entre las distintas partes que componen la sociedad civil que no la institución
formal, y minuciosamente regulada por la constitución, de la ley.
A fin de cuentas, la función principal del estado, pero sería mejor decir del gobierno, que es el órgano central
de dirección y solución de los asuntos públicos, es la de mediador y como máximo de garante de los
acuerdos que se establecen entre las grandes organizaciones (sindicatos, empresas, partidos) en conflicto
entre sí, cuando no es él mismo una parte en causa, una contraparte. Las grandes organizaciones actúan
como entes casi soberanos, como grandes potentados, que tienen entre sí unas relaciones destinadas a
concluir en acuerdos mucho más parecidos a los tratados internacionales, sometidos a la cláusula rebus sic
stantibus, que no a una ley, que debe ser obedecida sin condiciones (la obligación de obedecer a las leyes es
la obligación primaria de todos los ciudadanos, como está prevista, por otra parte, en el artículo 54 de la
Constitución italiana). La mejor demostración de la existencia de estos potentados semisoberanos es la tesis
de los grandes sindicatos relativa a la autoregulación del derecho de huelga. No es necesario estar muy
versado en derecho público para saber que la autorreglamentación es la prerrogativa del ente que se
considera soberano, entendida la soberanía precisamente como el poder de autodeterminarse o
autolimitarse, de determinar sin ser a su vez deter-minados, de limitar sin ser a su vez limitados.
Una de las manifestaciones más macros-cópicas de la privatización de lo público es la relación de clientela,
relación típicamente privada, que ocupa en muchos casos el lugar de la relación pública entre representante
y representado. La relación política es una relación entre el que da protección para recibir consenso (y a
través del consenso su propia legitimación) y quien ofrece su propio consenso a cambio de protección (a
veces también de otros bienes o recursos de que dispone el poder público). Esta relación se puede denominar
pública cuando no tiene lugar entre Pedro, hombre público, y Pablo, ciudadano privado, sino entre la
categoría de los representantes en su conjunto y este o aquel grupo de ciudadanos que han presentado a los
representantes unas demandas a través de esos canales constitucionales legitimados para transmitir la
demanda que son los partidos, en suma, cuando no se trata de una relación directa, de persona a persona,
sino de una relación, impersonal o indirecta, entre el órgano encargado de dar respuestas a las demandas de
los ciudadanos y este o aquel grupo político organizado para la transmisión de la demanda. Como es sabido
(pero normalmente los instigadores de la democracia directa lo olvidan), la razón de la prohibición del mando
imperativo está precisamente en la exigencia de transformar la relación política privada, entendida como
relación de intercambio entre personas, característica de la sociedad feudal, en una relación pública
característica del estado legal y nacional de acuerdo con la interpretación weberiana. Esta misma relación
política se transforma en una relación privada cuando sucede, como sucede en la relación patrono-cliente,
actualmente estudiada tanto en las sociedades antiguas como tambien considerada una degeneración del
estado representativo en las sociedades contemporáneas, que el que dispone de recursos públicos, tanto si
es un diputado, un administrador local o un funcionario estatal, los utiliza como recursos privados a favor
de tal o cual ciudadano, el cual, a su vez, ofrece su propio voto o su propia preferencia a cambio de cualquier
favor, o bien de cualquier ventaja económica o de cualquier otro beneficio, que el hombre político o el
administrador o el funcionario sustraen al uso público.(6)
Sobre el tercer y último tema del poder invisible me limitaré a hacer algunas observaciones.(7) El punto de
partida me lo ha proporcionado un párrafo de Kant, contenido en el apéndice del Tratado para una paz
perpetua titulado Del acuerdo de la política con la moral según el concepto trascendental del derecho
público. Kant considera la como condición necesaria de la justicia de una acción, poniendo como fórmula
trascendental del derecho público el siguiente principio: Que una máxima no sea susceptible de hacerse
pública quiere decir que, si alguna vez fuera hecha pública, suscitaría tal reacción que sería difícil, sino
incluso imposible, llevarla a efecto. Kant aplica el principio, en el derecho interno, al presunto derecho de
resistencia o de insurrección al soberano, argumentando que ; y, en el derecho internacional, al derecho del
soberano de infringir los pactos establecidos con otros soberanos, argumentando que si en el propio acto de
6
establecer un pacto con otro estado el estado contratante declarase públicamente que no se siente vinculado
con el pacto establecido, , con la consecuencia de que .(9)
Me parece indudable que la publicidad es uno de los caracteres relevantes del estado democrático, que es
precisamente el estado en el cual deberían disponerse todos los medios para hacer, efectivamente, que las
acciones de quien detenta el poder sean controladas por el público, que sean, en una palabra, . El estado
democrático es el estado donde la opinión pública debería tener un peso decisivo para la formación y el
control de las decisiones políticas, donde está establecido por principio que las sesiones del parlamento son
públicas, que todo lo que se dice durante los debates en asamblea es publicado íntegramente de forma que
todos puedan tener noticia de ello, y no sólo los que están presentes en la sesión, y los periódicos son libres
de manifestarse a favor o en contra de las acciones del gobierno. En una palabra, una de las muchas
posibilidades de interpretación del estado democrático es la que lo representa como una casa de cristal en la
que ya no hay amnesia y ni siquiera son posibles los arcana imperii característicos del estado autocrático, de
ese estado en el que es válida la máxima . El político democrático es uno que habla en público y al público y,
por tanto, debe ser visible en cada instante (con una visibilidad que, con la difusión de los medios de
comunicación de la imagen a distancia, ya no es ni siquiera una metáfora). Por el contrario, el autócrata
debe verlo todo sin ser visto. Su poder esta hecho a imagen y semejanza del de Dios que es omnividente
invisible, y es tanto más potente cuanto que todos son vistos por él y él no es visto por nadie (recuerdo que
cuando estaba de moda una frase en broma sobre la propaganda electoral del partido democristiano: ,
repliqué que en un estado ateo, que ha hecho de la inexistencia de Dios un dogma de gobierno, y está
basado totalmente en una política capilar-mente persuasiva, según la imagen de Orwell, era válida la frase
opuesta: ).
Entendámonos, cuando hablo del autócrata invisible no me refiero a su aspecto externo. El poder cuanto
más autocrático es más debe aparecer en el exterior con los signos inconfundibles de su potencia: la puesta
en escena en medio de la ciudad, la corona y el cetro, la magnificencia de los ropajes, el cortejo de los nobles,
la difusión de los símbolos en su sentido propio de . Pero debe hacerse notar de inmediato que esta
visibilidad puramente exterior no se corresponde con una igual visibilidad de la sede, el en el que se toman
las decisiones políticas. A la visibilidad del actor o de los actores, necesaria para infundir el sentimiento de
respeto o de temor reverencial para quien es el dueño de la vida y de la muerte de sus propios súbditos, se
contrapone la invisibilidad de las acciones necesarias para garantizar, junto con la incontrolabilidad, la más
absoluta discrecionalidad.
Considero relevante el problema del poder invisible porque uno de los aspectos preocupantes de nuestra
democracia es que la publicidad, la transparencia, la visibilidad del poder no han resistido , en estos años, la
prueba. Me sorprende muchísimo ver lo poco que se ha reflexionado por parte de los escritores políticos
sobre la importancia que ha asumido en nuestra vida cotidiana el poder oculto, tanto por parte del estado
como por parte del Antiestado. Servicios secretos por una parte y grupos terroristas por otra han sido
siempre dos rostros del mismo fenómeno, o sea del poder que se oculta para ser más invulnerable. No es
necesario subrayar cuan grande ha sido la influencia en la vida política de nuestro país de la acción política
invisible, de la matanza de la plaza Fontana al terrorismo de nuestros días.
Pero lo que sí tengo prisas por subrayar es que el tema del poder oculto, olim de los arcana imperii, o lo que
es lo mismo, de los arcana seditionis, ha sido completamente eliminado de los tratados de ciencia política y
de derecho público como si ya no tuviera ningún interés, como si, con la aparición de los estados
constitucionales modernos y con la formación de la opinión pública, el fenómeno hubiera desaparecido por
completo. Piénsese, por contraste, en el espacio que ocupa el tema de las conjuras en la obra de Maquiavelo,
que le dedica uno de los capítulos mas densos de sus Discursos. Será positivo que, de ahora en adelante, se
le dedique un espacio igual de amplio en nuestros próximos estudios.
Al tema de la visibilidad e invisibi-lidad del poder se suman otros dos temas: el de la ideología como
ocultación y el de la creciente capacidad para conocer los comportamientos de los ciudadanos, y por tanto de
, a través de la organización pública de centros de información cada vez más perfeccionados y siempre más
eficaces mediante la utilización de medios electrónicos.
Una de las funciones de la ideología es la de ocultar la verdad con objeto de dominio: el interés de una clase
hecho pasar por el interés colectivo, la libertad de unos pocos hecho pasar por la libertad sin limitaciones, la
igualdad puramente formal hecha pasar por la igualdad sustancial o de oportunidad, etc. Por tanto el poder
tiende no sólo a esconder, a no hacer saber quién es y dónde está, sino incluso a esconder sus auténticas
intenciones en el momento en que sus decisiones se hacen públicas, a hacer aparecer lo que no es (o de la
simulación). Quien esté un poco familiarizado con la literatura de la razón de estado sabe cuán grande es el
lugar que ocupa el tema de la simulación y de la disimulación: este también es un buen motivo para volver a
utilizar los clásicos del pensamiento político. El único antídoto ante esta tendencia de quien detenta el poder
es la crítica pública, la cual debe proponerse la tarea del , o, con una palabra de la que se ha abusado
mucho pero aquí totalmente adecuada, de la . Es inútil añadir que sólo en un estado democrático, en el que
una de las reglas fundamentales del juego es la licitud de la disensión, esta tarea de la libre crítica puede
encontrar las condiciones indispensables para su propio desarrollo.
Acerca de la real potenciación de los medios que tiene el poder para ver lo que sucede en la sociedad sobre la
que se expande, debemos decir que no es posible comparar su intensidad y su extensión, característica de
un estado moderno que tenga el monopolio de los medios de información o, por lo menos, de un cierto tipo
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de medios de información, con la de un estado, aunque sea más absoluto y despótico, de la antigüedad.
Quien lea actualmente las narraciones históricas cada vez más frecuentes y numerosas de las rebeliones
campesinas que estallaban de improviso y no por temporadas durante el dominio de las monarquías
absolutas, se da cuenta de lo poco que lograba el monarca con su aparato de funcionarios, que las rebeliones
se desencadenaban sin que el poder pudiera prevenirlas, si bien después no se mostrara muy sutil en el
momento de reprimirlas. Se trata también, en este caso, de un fenómeno que va en sentido inverso a la
ampliación y reforzamiento de la democracia. A medida que aumenta la capacidad del estado para controlar
a los ciudadanos debería aumentar la capacidad de los ciudadanos para controlar al estado. Pero este
crecimiento paralelo esta muy lejos de verificarse. Entre las diversas formas de abuso del poder está,
actualmente, la posibilidad por parte del estado de abusar del poder de información, distinto al abuso del
poder clásico que era individualizado esencialmente en el abuso de la fuerza. Se trata de un abuso de poder
tan distinto y nuevo que deberían imaginarse y poner en práctica nuevas reglas sobre los límites del poder
del estado. Y estamos aún muy lejos de haberlo hecho. Pero baste por ahora haber aludido al problema que
merecería en un futuro mayor consideración.
Ingobernabilidad, privatización de lo público y poder invisible, son tres aspectos de la crisis de la
democracia, que se deja sentir un poco por todas partes pero que es particularmente grave en Italia. Además,
en nuestro país la crisis de la democracia se ve agravada también por la crisis del estado de derecho, como lo
demuestran diariamente los escándalos derivados del hecho de que, por debajo del gobierno constitucional,
trabaja activamente otro gobierno (llamado acertadamente ) , y de la crisis del estado tout court, como lo
demuestra el desencadenamiento de la fuerza privada, que la fuerza pública no logra dominar. Me he
detenido particularmente en la situación de peligro hacia la que va el sistema democrático porque considero
que el resaneamiento y la solución de esta crisis es la condición necesaria para la solución de las otras dos.
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Notas:
1. N. Maquiavelo, Discursos, III, 43.
2. T. Hobbes, Leviathan, ed. M. Oakeshott, Oxford, Blackwell, p.82.
3. Me refiero al libro de C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, Clarendon Press, 1962.
4. N. Bobbio, Quale socialismo?, Turín, 1976, pp. 45-52.
5. Tan inminente -cuando escribía estas páginas (enero 1981)-, como que se verificó puntualmente, sólo que dos años después.
6. Sobre este tema me he detenido más extensamente en dos artículos sucesivos: Liberalismo vecchio e nuovo, en Mondoperaio, Nº 11, 1981, pp.86-94; y
Perché torna di moda il contrattualismo, en Mondoperaio, Nº 11, 1982, pp. 84-92.
7. Para un desarrollo más amplio me limito a mi artículo La democrazia e il potere invisible, en Rivista italiana de scienza politica, X, 1980, pp. 189- 203.
8. Kant, Escritos políticos.
9. Tasso. El rey Turismundo, vv. 408-9