Con la creación en 1721 de la llamada Junta de Gitanos se llegó a la
conclusión de la inutilidad de la política seguida hasta entonces hacia esta
minoría étnica, así como el inconveniente que suponía la inmunidad eclesiástica
para lograr una prisión general. Despojados en 1748 de este derecho, el Consejo
de Castilla, con su presidente Gaspar Vázquez de Tablada al frente, acordó su
arresto para
“sacarlos de
España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de
América”.
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